La Justicia injusta lleva a juicio oral a gremialista de Atilra por un justo reclamo a Lácteos Mayol
Escandaloso e inédito fallo de la justicia
El ausente Ministerio de Trabajo y un corrupto Poder Judicial aplicaron otro golpe al derecho de los trabajadores, en este caso atacando al sindicato lácteo Atilra y a todos los gremios que hacen de la lucha ante empresas esclavistas una estrategia irrenunciable para fortalecer sus reclamos.
En un fallo inédito y escandaoloso la justicia decidió elevar a juicio oral a Guillermo Arregui, secretario General del gremio en la seccional Cañuelas, por el bloqueo en la planta de Lácteos Mayol, ubicada en Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas, que interrumpió su producción durante cinco días en marzo de 2021.
El juez de Garantías N° 8 lo consideró presuntamente autor penalmente responsable del delito de “coacción agravada”. En tanto, sobreseyó a Arregui y a otras 27 personas en relación con el delito de “robo agravado en poblado y en banda”.
El conflicto gremial comenzó el 1° de marzo de 2021, en horas de la madrugada, cuando un grupo de activistas de Atilra bloqueó la entrada de la fábrica e impidió el acceso tanto de trabajadores como de materia prima. La medida se originó debido a la exigencia gremial, que demandaba que la mitad de los 14 empleados de la empresa fueran recategorizados e incorporados como afiliados del gremio, algo que por otra parte es absolutamente legal.
Ante el reclamo gremial, en Lácteos Mayol señalaron como excusa que «el convenio está diseñado para las grandes usinas lácteas, pero es inaplicable en una pyme familiar». Aún así, el conflicto fue escalando al incluir sin prueba alguna: agresiones personales, daños al establecimiento y robos, lo cual generó indignación entre los pobladores de Gobernador Udaondo, que salieron a la ruta para protestar porque corría riesgos una empresa clave en la zona, cuya principal actividad es la elaboración de quesos y dulce de leche.
La decisión, adoptada por el juez Martín Rizzo, a cargo del Juzgado de Garantías número 8 de Cañuelas, cobra trascendencia porque agrava la situación de un dirigente sindical importante en la estructura del líder nacional de ATILRA, Héctor Ponce, que, como el Sindicato de Camioneros, adoptó los bloqueos como una forma habitual de intimidar a las empresas ante cualquier reclamo.
A pesar de que el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria y de que cientos de vecinos se manifestaron a favor de la continuidad de la fábrica, los sindicalistas no se retiraron y permanecieron en el lugar hasta la madrugada del sábado siguiente.
La fábrica, que tiene más de 85 años de historia, procesaba en ese entonces 11.000 litros de leche por día. La producción se vio interrumpida durante dos días hasta que finalmente se firmó un acuerdo entre la pyme láctea y Atilra en el Ministerio de Trabajo bonaerense, poniendo fin al conflicto.
En su fallo, el magistrado considera que la falta de pruebas sólidas y la generalización en las acusaciones hacia los acusados (excepto Arregui) son factores clave que justifican diversos sobreseimientos y que no se identificaron pruebas directas que relacionen actos individuales con delitos precisos.
Desde los representantes del derecho sindical aseguraron: “No hubo coacción, no hubo daños, no hubo robo alguno como quieren hacer creer; se tomó una medida gremial que es legal y constitucional como es el Derecho de Huelga (Art. 14 Bis de la Constitución Nacional). A la medida de fuerza le sobraban razones y justificaciones para hacerla. Se apelará esta resolución judicial sobre el delegado sindical de la seccional Cañuelas, y somos sumamente optimistas en el resultado de esta causa. Ya se demostró que eran todos inocentes. No van a condenarlo. De 28 imputados, 27 fueron sobreseídos y uno confusamente condenado. Cuando la Fiscalía fue a recabar y tomar medidas sobre las acusaciones, no halló pruebas que pudieran implicar a los trabajadores porque sencillamente, no existía lo que se denunciaba”.
